La cara oculta de la Media Luna

Por: The Nabarra

La gestión pública se fundamenta en un contrato implícito de confianza: la convicción de que quienes administran nuestros recursos lo hacen bajo el prisma de la equidad y el rigor administrativo. Sin embargo, los hechos acontecidos en torno a las obras de Salesianos en Pamplona revelan una grieta profunda en ese contrato. Lo que a simple vista parece un desajuste contable de 10.850 euros es, en realidad, el síntoma de una forma de entender la política que diferencia entre ciudadanos de primera y de segunda según el valor catastral de su residencia.

Es difícilmente justificable que, mientras la mayoría de los vecinos del Ensanche lidiaban con las molestias, el ruido y la pérdida de plazas de aparcamiento provocadas por una obra de gran envergadura, el equipo de Gobierno de UPN y PP pusiera alfombra roja —y parking gratuito— a un grupo selecto de propietarios de los chalets de la Media Luna. No estamos ante una solución general para un barrio afectado, sino ante un "traje a medida" para diecisiete vehículos vinculados a cinco inmuebles específicos. Mientras los residentes de Arrieta, Leyre o San Fermín buscaban sitio en la superficie, en los despachos de Seguridad Ciudadana y Proyectos se intercambiaban correos electrónicos para asegurar plazas de 24 horas en la Plaza de Toros a una élite vecinal.

La gravedad del asunto no reside solo en el favoritismo, sino en la absoluta ausencia de un expediente administrativo que respalde tales decisiones. La gestión de lo público no puede basarse en llamadas telefónicas informales ni en favores que no dejan rastro documental hasta que llega la factura. Esta forma de proceder, saltándose los procedimientos de control que se le exigen a cualquier otro ciudadano para la más mínima gestión municipal, denota una preocupante sensación de impunidad. Se actuó como si el Ayuntamiento fuera un gestor de servicios privados para amigos y conocidos, y no la institución que debe velar por el interés general.

Resulta ofensivo para el conjunto de la ciudadanía que, años después, la factura siga dando vueltas por los cajones sin que nadie en UPN asuma la responsabilidad política de haber generado una deuda con una empresa privada por beneficiar a unos pocos. El dinero público es sagrado porque pertenece a todos, y utilizar la estructura municipal para eximir a ciertos vecinos de las molestias que el resto sufre con resignación es una quiebra ética insostenible.

Pamplona merece una gestión donde el código postal no determine el nivel de atención que se recibe del Consistorio. La investigación abierta debe llegar hasta el final, no solo por el importe adeudado, sino para dejar claro que en esta ciudad no pueden existir castas ni privilegios por vecindad. Gobernar para "los de siempre" a costa del bolsillo de todos es una práctica que debe quedar desterrada de nuestras instituciones.