Pamplona inicia la rehabilitación de las Agustinas entre críticas por la gestión del desalojo

El Ayuntamiento de Pamplona defiende el operativo habitacional mientras el colectivo Negu Gorriak tilda la intervención de "violenta" y denuncia el desamparo de los residentes

Las obras para transformar el antiguo convento de las Agustinas en un centro de neurorrehabilitación han arrancado este lunes en el meandro de Aranzadi. Lo que institucionalmente se ha presentado como un avance sanitario y social para la ciudad, ha generado una fuerte controversia tras el desalojo de las 75 personas que pernoctaban en el inmueble. Mientras el consistorio asegura haber ofrecido soluciones habitacionales a la mayoría de los afectados, diversos colectivos sociales cuestionan la versión oficial y denuncian la precariedad de las alternativas ofrecidas ante el cierre de este refugio improvisado.

Un centro de vanguardia sanitaria
El proyecto, adjudicado al Hospital San Vicente SL (Grupo Vitalia), contempla una inversión de 10 millones de euros para rehabilitar el edificio proyectado por Fernando Redón en 1967. El nuevo hospital contará con 33 habitaciones y una unidad de tratamiento intensivo (UTI) para pacientes con daño cerebral o necesidades paliativas. A cambio de la concesión por 50 años, el Ayuntamiento recibirá 420 sesiones anuales de rehabilitación para personas sin recursos. Además, la intervención respetará la estética exterior del convento e incluirá un huerto social de 2.500 m² destinado a programas de inclusión.

Críticas de los colectivos sociales
Sin embargo, la ejecución del desalojo ha empañado el inicio de las obras. El colectivo Negu Gorriak ha calificado la intervención policial y administrativa como "violenta", denunciando que se ha privado a decenas de personas de su único refugio sin ofrecer soluciones estables. Según la organización, las alternativas de tres días en hoteles o albergues resultan "insuficientes" y "parchean" una crisis habitacional estructural en la ciudad, donde las listas de espera para viviendas de emergencia superan las 300 personas. Critican, además, que el desalojo se haya producido de madrugada, lo que aumentó el clima de tensión entre los residentes.

La postura municipal ante el desahucio
Desde el área de Acción Social se sostiene que el operativo fue informativo y asistencial. El balance municipal indica que 51 personas aceptaron recursos temporales, mientras que otras fueron derivadas a sus localidades de origen o rechazaron la ayuda por contar con alternativas propias. El Ayuntamiento ha reconocido la saturación de sus recursos habituales, como el programa Etxe Bat, y ha hecho un llamamiento al Gobierno de Navarra y a otros municipios para colaborar en la búsqueda de plazas estables para este colectivo, cuya situación queda ahora en una fase de estudio individualizado.